Desde hace algún tiempo, en el mundo entero ha habido un impulso significativo en la generación e implementación de políticas públicas para promover la economía social. Las políticas de fomento a la economía social están fundamentalmente orientadas a dar sostenibilidad a sus organizaciones mediante el financiamiento, asistencia técnica y capacitación para la producción, la gestión y la comercialización.
El diseño y la elaboración de las políticas públicas de fomento a la economía social son el resultado del trabajo de diferentes actores, de la creación de alianzas, de redes de movimientos sociales entre sí y con el Estado dentro de un diseño participativo y de consenso de estas en forma horizontal.
En México, en cambio, el impulso a este sector ha sido muy poco y con muchos tropiezos. Hay tres elementos clave para sustentar esta afirmación. Para lograr que se aprobara —después de casi 30 años de debatirla— se redujo considerablemente la Ley de Economía Social y Solidaria y sus alcances.
Dicha ley ordenó la creación del Inaes, el cual se constituyó transfiriéndole la estructura y recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes); se conservan las mismas direcciones generales, aunque ahora se denominan coordinaciones generales, a pesar de que el Fonaes fue creado para otro propósito.
El Inaes debe implementar el Programa de Fomento de la Economía Social (PFES), pero se le ha encargado apoyar otros programas federales con un cada vez más reducido presupuesto (aún en términos nominales) y tal vez estemos a punto de presenciar su desaparición ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 no le asignó recursos a este programa a pesar de que el Artículo 30 lo incluía.
El aspecto más desarrollado y con mayor difusión de las organizaciones que integran la economía social son los proyectos e instituciones microfinancieras que prestan al menos uno de los servicios financieros para el sector más pobre de la población.
En enero de 2006 entró parcialmente en vigor la Ley de Ahorro y Crédito Popular y ya operan diversas organizaciones con apego a esta. Asimismo, se modificó el marco jurídico del sistema financiero mexicano para incorporar a las sociedades financieras de objeto múltiple sin necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal. Sin embargo, aún se niega la posibilidad de que puedan desarrollarse proyectos de gran escala basados en el ahorro popular. Esto es particularmente grave en México ya que hay una relativa escasez de ahorro y de otros servicios microfinancieros, pero no se debe a un problema de idiosincrasia sino de facilidades. La mayoría de la población necesita productos financieros, pero queda excluida del sistema financiero porque este sector cree que esa mayoría no tiene capacidad de utilizarlos ni los requiere. La exclusión va desde el punto de vista geográfico hasta el económico, sin omitir los de ingeniería financiera y rentabilidad del sistema.